Luego de la aprobación por parte del Congreso, el presidente Javier Milei recibió este lunes los tres proyectos de ley vinculados a derechos previsionales y sociales. A partir de la notificación oficial, se activa el plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo tome una decisión sobre el destino de estas iniciativas.

Las leyes en cuestión son:

• Nueva fórmula jubilatoria: establece un mecanismo de actualización mensual que combina el índice de inflación con los salarios, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones frente al contexto inflacionario. También incorpora un ajuste retroactivo para compensar la pérdida sufrida en los últimos meses.
• Prórroga de la moratoria previsional: extiende por cinco años la posibilidad de regularizar aportes previsionales para quienes no alcanzan los 30 años de contribuciones exigidos por ley. Se estima que más de 700 mil personas podrían acceder a una jubilación mediante este régimen.
• Emergencia en discapacidad: declara el estado de emergencia por un plazo de un año en todo el país y exige al Estado garantizar prestaciones básicas, asistencia técnica, cobertura de salud y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Incluye sanciones ante demoras o recortes por parte de obras sociales y prepagas.

Desde el oficialismo ya se deslizó la posibilidad de vetar total o parcialmente las leyes, bajo el argumento de que implicarían un impacto fiscal significativo. No obstante, sectores de la oposición y organizaciones civiles advierten que se trata de derechos básicos y que su rechazo sería una señal de desprotección hacia los sectores más vulnerables.

El plazo para que el presidente defina su postura se cumple el domingo 4 de agosto, aunque, al tratarse de días hábiles, el decreto podría emitirse hasta el lunes 5. En caso de silencio, las leyes quedarían automáticamente promulgadas.