Los principales sindicatos de Tierra del Fuego, nucleados en la CGT y la CTA, convocaron a un paro general para el próximo martes 21 de mayo en rechazo a las recientes medidas del Gobierno nacional que afectan al sector industrial de la provincia. La protesta fue anunciada tras la decisión del Ejecutivo de eliminar aranceles sobre productos electrónicos importados y reducir impuestos internos a televisores y aires acondicionados.

“Ante el nuevo ataque del Gobierno Nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las organizaciones sindicales y sociales expresamos nuestro rechazo absoluto y exigimos la marcha atrás de todas las medidas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia”, señalaron los gremios en un comunicado conjunto.

Según los sindicatos, las nuevas políticas “asfixian la producción, amenazan a la industria local y ponen en peligro miles de puestos de trabajo”. Aseguran que más de la mitad del empleo industrial fueguino podría perderse si se implementan los cambios anunciados por el Gobierno nacional.

Ademas, los gremios acusaron al presidente Javier Milei de responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI): “Estas medidas forman parte de una nueva concesión a cambio de un préstamo que sostiene un plan económico insostenible”.

“La fuerza del trabajo fueguino se pone en pie de lucha ante este nuevo embate de un gobierno entreguista, que solo beneficia a un sector privilegiado de la población, en detrimento del pueblo”, expresaron.

Por su parte, desde el Gobierno nacional se justificó la rebaja de aranceles como una medida orientada a fomentar la competencia, reducir los precios y beneficiar a los consumidores. El nuevo esquema prevé una baja progresiva: los aranceles a la importación de celulares pasarán del 16% al 8%, y se eliminarán por completo a partir del 15 de enero de 2026.

Sin embargo, desde el sector sindical insisten en que el impacto será devastador para la economía provincial. “Decimos basta a un plan que favorece la especulación financiera y la entrega de nuestras riquezas naturales, en detrimento de la soberanía y el trabajo argentino”, concluyeron.