El Gobierno nacional avanzó en su agenda de desregulación económica con la derogación de 58 normas vinculadas al comercio interior. Entre las medidas que fueron dadas de baja, se destacan las regulaciones de los programas que, en la práctica, ya no funcionaban, como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de la normativa que obligaba a los colegios privados a notificar de manera anticipada sus aranceles.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que esta quita de regulaciones se inscribe en el plan de modernización y simplificación del Estado, con el objetivo de aportar claridad al marco legal, eliminar ambigüedades y reducir la incertidumbre jurídica en el mercado. Según los considerandos oficiales, los textos eliminados habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones.

Dentro del paquete de medidas, el Poder Ejecutivo eliminó 22 normativas correspondientes al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un fideicomiso de intervención directa en la cadena triguera. Al haberse dispuesto la revocación del contrato y su consecuente liquidación, las autoridades señalaron que toda la estructura reglamentaria complementaria perdió sustento legal.

En la misma línea, quedaron derogadas de forma definitiva 30 normas asociadas a los programas de fomento al consumo Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una regulación accesoria de Precios Cuidados. El texto oficial justificó la medida en la falta de prórroga de estas iniciativas, enmarcando la decisión dentro de un proceso de normalización del mercado de crédito para restablecer las señales de precios y eliminar la distorsión en la asignación de capital.

"Las medidas eliminan normativas que generaban ambigüedad regulatoria y jurídica. Se simplifican las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores", explicaron desde el Ministerio de Economía.

También quedaron sin efecto cuatro normativas que exigían a las instituciones de enseñanza privada informar sus aranceles con antelación para obtener el aval estatal. Desde la Secretaría del área explicaron que esta obligación generaba aumentos preventivos por parte de los colegios y limitaba su capacidad de adaptación a los costos operativos y a las fluctuaciones de la realidad económica.

Finalmente, la reforma eliminó una normativa orientada a los adolescentes consumidores por duplicar mecanismos de atención que ya se encuentran vigentes. El Ejecutivo detalló que la supresión de esta superposición busca concentrar los reclamos en un canal especializado para dar una respuesta más ágil. Con esta actualización, el área de Industria, Comercio y PyME suma un total de 240 normas derogadas desde diciembre de 2023.

(Filo News)