La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la Cámara de Diputados y generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales, especialistas y sectores de la sociedad, que advierten sobre un retroceso en la protección de las principales reservas de agua del país.

La nueva normativa elimina la protección automática sobre glaciares y áreas periglaciares, y deja en manos de las provincias la decisión de resguardar o habilitar actividades como la minería según la “función hídrica” de cada zona. Esta modificación abre la puerta a la explotación en territorios que hasta ahora estaban protegidos.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca fomentar inversiones y desarrollo económico. Sin embargo, las críticas apuntan a que debilita una ley considerada clave en materia ambiental, en un contexto de crisis climática y escasez de agua.

Organizaciones como Greenpeace advirtieron que la reforma “implica reducir la protección de una de las reservas de agua más importantes del país” y pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas.

En este marco, la organización ambientalista impulsa una demanda colectiva que busca frenar la aplicación de la reforma, convocando a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial masiva en defensa del agua y los glaciares. La iniciativa apunta a convertirse en una de las mayores presentaciones colectivas en la historia del país.

Además, durante el debate se registraron movilizaciones, protestas y una fuerte participación ciudadana, reflejando la preocupación social por el impacto de la medida.

Para los sectores críticos, la reforma no solo representa un cambio normativo, sino un giro en la política ambiental argentina que podría comprometer recursos estratégicos para las generaciones futuras.