El nuevo borrador del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce modificaciones profundas en varios puntos clave de la regulación del trabajo.  

Vacaciones

El proyecto mantiene el derecho a vacaciones pagas, pero permite que empleadores y trabajadores —individual o colectivamente— acuerden la extensión del período vacacional, siempre respetando los mínimos legales.  

Además, se establece que el lapso de descanso anual deberá disfrutarse entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente, con notificación escrita al trabajador con al menos 45 días de antelación. Hay posibilidad de acumular días en situaciones excepcionales y de fraccionar las vacaciones según necesidades de empresa o trabajador.  

Banco de horas y jornada laboral

El borrador habilita que convenios colectivos puedan implementar “banco de horas”, horas extra, francos compensatorios y regímenes flexibles según cada actividad, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 35 horas.  

Se permite también que la jornada máxima se calcule por promedio, sin exceder los límites legales o los que establezca cada régimen laboral.  

Indemnizaciones y despidos

La reforma plantea descentralizar el mecanismo tradicional de indemnización por despido sin causa: en su lugar, podría implementarse un sistema de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes de empleadores, en función de lo que acuerden las negociaciones colectivas.  

La base de cálculo para indemnizaciones incluiría salario básico, sumas habituales, antigüedad y componentes remunerativos ordinarios; quedarían excluidos pagos extraordinarios, premios o remuneraciones transitorias. También se habilita el pago fraccionado de las liquidaciones finales.  

En caso de despido por justa causa, la norma exige que el empleador notifique electrónicamente y fundamente el motivo, garantizando al trabajador su derecho a la defensa administrativa y judicial.  

Remuneración y formalidades

El texto detalla cómo se compone la remuneración computable, permitiendo sumas fijas, variables y beneficios sociales determinados. Se establece la obligatoriedad de digitalización de recibos de sueldo, planillas de asistencia y demás documentación relevante, equiparándolas a la documentación en papel.  

Con esta medida, se busca evitar interpretaciones conflictivas en juicios laborales. También se prevé un mecanismo de actualización salarial a través de negociaciones colectivas.  

Trabajo en plataformas digitales

El proyecto regula al sector de reparto y empleo digital, estableciendo que quienes trabajen mediante aplicaciones —por ejemplo, delivery— tendrán relación laboral formal, deberán estar registrados ante la seguridad social, contar con aportes, seguro por accidentes, y gozar de derechos similares a los trabajadores tradicionales, incluyendo posibilidad de representación sindical y negociación colectiva sectorial.  

El borrador —objeto de debate en el Consejo de Mayo— generó fuertes cuestionamientos por parte de las representaciones sindicales, que se han retirado del proceso y advierten sobre una pérdida de derechos laborales ya consolidados.  

Este nuevo esquema, si se aprueba, marcaría una transformación estructural en la regulación del trabajo en Argentina, con un giro hacia la flexibilidad, la descentralización de derechos y la modernización del sistema laboral vigente.