La Justicia Federal declaró este martes la inconstitucionalidad de la cláusula del Decreto 759/2025 que había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento inmediato.

La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El decreto cuestionado había condicionado la ejecución de la Ley 27.795 a que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto nacional. El magistrado consideró que esa condición terminó funcionando como un mecanismo para suspender una ley que había sido aprobada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial.

En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional. También señaló que el Congreso había insistido con la ley con las mayorías agravadas previstas constitucionalmente.

A partir de la decisión judicial, el Gobierno deberá dictar las normas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla partidas para el funcionamiento de las universidades, salarios docentes y no docentes, becas, investigación y otros aspectos del sistema universitario.

Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la resolución puede ser apelada por el Estado nacional. La decisión representa un nuevo revés judicial para el Gobierno en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas.