El Gobierno argentino oficializó este jueves una profunda reforma migratoria que modifica las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para extranjeros. La medida, implementada a través del Decreto 366/2025 publicado en el Boletín Oficial, responde a los lineamientos anunciados por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura del año legislativo.

Cambios en salud y educación

A partir de ahora, los extranjeros con residencia temporaria deberán contar con un seguro de salud para ingresar al país. La falta de este requisito podrá ser motivo de rechazo en frontera. No obstante, se garantiza la atención médica en casos de emergencia, independientemente de la situación migratoria del paciente.

En el ámbito educativo, los extranjeros con residencia temporaria podrán acceder gratuitamente a los niveles inicial, primario y secundario, incluso si su situación migratoria es irregular. Sin embargo, para el nivel universitario, las instituciones estatales quedan habilitadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Estos estudiantes podrán acceder a becas ofrecidas por las universidades, otros estados u organismos internacionales. 

Endurecimiento de las políticas migratorias

La reforma también introduce medidas más estrictas para la permanencia y deportación de extranjeros. Se agilizarán los procesos de expulsión para aquellos con antecedentes penales o que cometan delitos en el país. Además, se ampliará la lista de delitos que pueden justificar la expulsión inmediata y se prohibirá el reingreso a quienes hayan sido deportados por estas causas.

En cuanto a la naturalización, los extranjeros mayores de 18 años que hayan residido legalmente en Argentina durante al menos dos años podrán solicitar la ciudadanía. También se contempla la posibilidad de naturalización para aquellos que realicen inversiones significativas en el país, sin necesidad de cumplir con el requisito de tiempo de residencia.

Reacciones y contexto

Estas medidas han generado controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que cuestionan la legalidad de implementar cambios significativos en el régimen migratorio mediante un decreto sin debate parlamentario. El Gobierno argumenta que la reforma busca proteger los recursos del Estado y garantizar un sistema migratorio ordenado.