El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, mediante el Decreto 875/2026. La normativa comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplaza el régimen vigente desde 1980.

El nuevo sistema alcanza a adolescentes que tengan entre 14 años y menos de 18 al momento de cometer un delito. La edad mínima de imputabilidad fue establecida por la propia Ley 27.801 y no por el decreto reglamentario.

Entre los principales cambios se encuentra la implementación de un sistema penal específico para adolescentes, con procedimientos diferenciados y distintas medidas según la gravedad del delito. El esquema contempla sanciones que pueden ir desde medidas socioeducativas y trabajos comunitarios hasta penas privativas de la libertad.

El Ministerio de Justicia será la autoridad encargada de aplicar y supervisar el régimen en los casos correspondientes a la Justicia nacional y federal. También tendrá funciones vinculadas con la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.

La normativa busca que los adolescentes que atraviesen un proceso penal comprendan las consecuencias de sus actos y puedan avanzar en procesos de educación, resocialización y reinserción social.

La implementación del nuevo régimen también generó cuestionamientos judiciales. En la provincia de Buenos Aires, un fallo de la Justicia de Lomas de Zamora suspendió cautelarmente su aplicación durante 60 días, al considerar que el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para alojar a los adolescentes alcanzados por la normativa.