El anuncio de una inversión privada de US$1.200 millones para la construcción de una nueva central nuclear abrió un debate sobre el rumbo de la política nuclear argentina. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa permitirá modernizar el sector, atraer inversiones y fortalecer la generación de energía con tecnología de última generación.

En contraposición, referentes de la oposición, científicos y trabajadores del sector expresaron su preocupación por el desfinanciamiento de proyectos estratégicos, entre ellos el reactor CAREM y distintas áreas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Además, cuestionan la posibilidad de una mayor participación de empresas extranjeras en desarrollos considerados clave para la soberanía tecnológica del país.

Los sectores críticos sostienen que la reducción de recursos podría afectar décadas de investigación y desarrollo en materia nuclear, mientras que el Ejecutivo afirma que busca un nuevo modelo de financiamiento que permita reactivar inversiones y potenciar el crecimiento del sector.