El gobierno de Javier Milei avanza en una nueva etapa de ajuste estatal y proyecta reducir hasta un 10% del empleo público durante 2026, como parte de su estrategia para achicar el gasto y reformar la estructura del Estado. 

Según fuentes oficiales, en el corto plazo se prevé una primera tanda de recortes que implicaría entre 5.000 y 6.000 bajas en la administración nacional. Sin embargo, la meta anual es significativamente mayor: superar los 27.000 puestos eliminados entre la administración pública, empresas estatales y sociedades del Estado. 

A diferencia de etapas anteriores, el ajuste estará centrado principalmente en organismos descentralizados. Entre las áreas bajo revisión aparecen dependencias como el INDEC, el CONICET, la ANSES, el INTA y el ENARGAS, donde se analizan recortes de personal y reestructuraciones internas. 

Gran parte de las desvinculaciones se concretaría mediante la no renovación de contratos anuales, una modalidad extendida dentro del sector público. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permite avanzar en la reducción sin recurrir exclusivamente a despidos directos, aunque genera preocupación entre trabajadores estatales. 

El recorte se enmarca en una política más amplia de reducción del Estado que, desde el inicio de la gestión, ya implicó la eliminación de más de 60.000 empleos públicos. En paralelo, se impulsan programas de retiro voluntario y revisiones de áreas consideradas sobredimensionadas. 

Mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para ordenar las cuentas públicas, sectores sindicales y de la oposición advierten sobre el impacto en el empleo y en el funcionamiento de áreas clave, en un contexto marcado por el aumento del desempleo y la desaceleración económica.