Este lunes, por medio del DNU 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dejó sin efecto los tres proyectos sancionados por el Congreso el pasado 10 de julio:

• Aumento de jubilaciones: previsto un ajuste del 7,2 %, con bono mensual que iría de $70.000 a $110.000, indexado por inflación. 
• Moratoria previsional: reinstalación por dos años del plan que permite jubilarse sin completar los 30 años de aportes. 
• Emergencia en discapacidad: establecía financiamiento hasta 2026–27, nuevas pensiones no contributivas y mejoras para prestadores y trabajadores del sector. 

El Ejecutivo argumentó que las iniciativas fueron aprobadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado y que carecían de fuentes de financiamiento confiables, lo que pondría en peligro el equilibrio fiscal. Calculó un impacto de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, equivalentes a entre 0,9% y 1,68% del PIB.

Desde el Gobierno defendieron que esta decisión se enmarca en su compromiso por mantener un superávit fiscal y evitar endeudamiento o emisión monetaria. Milei insistió: “no hay plata” y consideró las leyes como una exigencia financiera irresponsable.

La posibilidad de revertir el veto recae ahora en el Congreso, donde se necesita una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras para insistir con las leyes. Aunque el Senado respaldó ampliamente los proyectos, el panorama es más incierto en Diputados, donde los números son más ajustados.

Contexto adicional

• Se trata del séptimo veto desde que inició el mandato de Milei, superando el total de vetos en los dos gobiernos anteriores juntos. 
• La oposición y organizaciones sociales consideraron estas decisiones un recorte a los sectores vulnerables y promueven movilizaciones en rechazo, mientras el Ejecutivo señala que su estrategia busca restaurar la disciplina fiscal.