El Gobierno bonaerense comunicó este martes que la declaración de emergencia para Bahía Blanca y varios distritos del Sudoeste Bonaerense por la trágica inundación del pasado 7 de marzo, había sido prorrogada en mayo pasado por otros 30 días.

La decisión fue informada en el Boletín Oficial, y se oficilializó a través del decreto 1.568/2025.

Particularmente, comprende a los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, para el período que va desde el 8 de mayo al 8 de junio pasado.

El decreto original, el 316/25, publicado el 8 de marzo, señalaba que la emergencia se efectuaba “a efectos de la realización de las obras urgentes y la implementación de las acciones necesarias para solucionar o aliviar las consecuencias de desastre producidas, evitar las agravaciones humanitarias que de él pudieran derivarse y reparar los daños producidos o que se produzcan como consecuencia del fenómeno climatológico”.

Para ello, se facultaba al ministerio de Gobierno a coordinar proyectos y “contratar la prestación de servicios y/o suministros que resulten necesarios para reparar los daños producidos y atender las necesidades de la población y las consecuencias derivadas del fenómeno”.

El decreto original había sido prorrogado por el 874/25, del 8 de abril y publicado a fin de ese mes.

En ese sentido, se aclara que la nueva extensión se sustenta en el hecho que “existen varios procedimientos que se encuentran en curso, resultando necesario extender el plazo del estado de emergencia, a efectos de asegurar la continuidad de las acciones interinstitucionales desplegadas por el Gobierno de la Provincia, garantizando la asistencia a los damnificados mediante acciones concretas y prestaciones que morigeren los daños causados”.

“Los municipios mentados sufrieron consecuencias en el sistema sanitario, corte de caminos, la interrupción en las vías de comunicación y diversos daños en la infraestructura vial, generando el aislamiento de centros urbanos y poblacionales, así como la afectación de las  actividades productivas en las zonas comprendidas”, se indica en el texto.

Por esta razón, se recuerda, la Provincia “evaluó las necesidades, planificó y comenzó a ejecutar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias del fenómeno mencionado, compulsando los procedimientos administrativos correspondientes”.

Esto incluye “la contratación, dirección y ejecución de obras hidráulicas y de arquitectura, y de reparaciones de urgencias tales como movimiento de suelos, terraplenes, alteos, defensas, aperturas de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones y endicamientos de cursos de agua, clausura, modificación, restauración y mejorados de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, entre otros”.

Fuente: La Nueva.