La fiscalía de Homicidios de La Matanza imputó este domingo al agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, por homicidio con dolo eventual en la causa por la muerte del niño de 7 años, Thiago Correa.

Esta calificación implica que, aunque no buscaba directamente matar al menor, asumió el riesgo de hacerlo al efectuar 11 disparos en una avenida pública y en un horario todavía transitado.

Contexto del hecho y la calificación legal

El episodio ocurrió el pasado miércoles por la noche en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Fajardo se encontraba en una parada de colectivos con su madre cuando fue abordado por cuatro asaltantes. En respuesta, efectuó 11 disparos —algunos en menos de 10 segundos—, uno de los cuales alcanzó en la cabeza a Thiago, que esperaba el colectivo junto a su padre, a unos 180 metros de distancia. La fiscalía privilegió la figura penal de homicidio con dolo eventual por la cantidad de disparos, el lugar y el tránsito presente, sobre el homicidio culposo.

Además de esta imputación, Fajardo será indagado por el exceso en la legítima defensa en la muerte de uno de los asaltantes—un joven de 18 años que recibió un balazo en el cuello mientras se daba a la fuga—, ya que la fiscalía considera que el peligro había cesado cuando efectuó el disparo.

Según su declaración, el policía actuó movido por el temor a que su madre fuera herida. También indicó que aunque se identificó como agente, disparó hasta que dejó de ver a los asaltantes. Se constató que los presuntos delincuentes portaban un arma de juguete.

Posibles consecuencias judiciales

La figura de homicidio con dolo eventual podría implicar una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La indagatoria se llevará a cabo este lunes, según dispuso la fiscalía. Por ahora, la calificación es una postura inicial, que el juez de Garantías puede ratificar, rectificar o desechar a lo largo de la investigación.

La muerte de Thiago —tras agonizar varios días en el Hospital de Niños de San Justo— reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la seguridad ciudadana y los límites de la legítima defensa. En el pasado reciente se han registrado casos similares, lo que incrementa la atención pública y jurídica sobre esta causa.