El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 340/2024, que introduce fuertes restricciones al derecho a huelga. La medida amplía la cantidad de actividades consideradas “servicios esenciales” y fija niveles mínimos de prestación obligatoria durante los conflictos laborales, lo que ha generado rechazo por parte de gremios y organismos de derechos humanos.

El artículo 3 del decreto establece que en los servicios esenciales no se podrá acordar una cobertura menor al 75% de la prestación habitual. En tanto, para las actividades calificadas como de “importancia trascendental”, la prestación mínima exigida será del 50%.

Entre los nuevos servicios considerados esenciales se encuentran:

• Servicios sanitarios y hospitalarios, transporte de medicamentos y servicios farmacéuticos.
• Producción y distribución de agua, gas, combustibles y energía eléctrica.
• Telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
• Transporte y control del tráfico aéreo y portuario, así como todos los servicios relacionados.
• Aduanas, migraciones y servicios vinculados al comercio exterior.
• Educación y cuidado en todos los niveles obligatorios.
• Transporte marítimo y fluvial.

Las actividades definidas como de “importancia trascendental” abarcan:

• Producción de medicamentos e insumos hospitalarios.
• Transporte terrestre y subterráneo de personas y mercaderías.
• Servicios de radio y televisión.
• Industrias continuas como la siderurgia, la cementera y la química.
• Toda la cadena alimenticia, logística, minera, agropecuaria y exportadora.
• Servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos.

El decreto también crea una Comisión de Garantías integrada por cinco expertos en derecho laboral y constitucional, que será la encargada de determinar qué otras actividades pueden incorporarse como esenciales o de importancia trascendental.

La medida fue duramente criticada por sindicatos, que consideran que vulnera derechos laborales básicos reconocidos por la Constitución Nacional y convenios internacionales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que se trata de una reforma regresiva que podría ser inconstitucional.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei enfrentó dos paros generales y numerosas protestas, y ha optado por avanzar en su agenda económica mediante decretos, sin consensos parlamentarios. Diversas organizaciones ya anticiparon que presentarán recursos judiciales para frenar la aplicación del nuevo decreto.