La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó este lunes el estado de sitio por 30 días en Lima y Callao, argumentando la creciente ola de crímenes en estas regiones. La medida permitirá que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas determinadas por la institución policial, según el comunicado oficial publicado en el diario El Peruano.

Esta decisión se da en un contexto de fuerte impopularidad para Boluarte, quien ha enfrentado constantes protestas desde que asumió el poder tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Su gobierno ha sido señalado por la dura represión contra manifestaciones, lo que ha intensificado el descontento social.

Un asesinato que impulsó la medida

El anuncio del estado de sitio se produjo después del asesinato de Paul Flores, cantante de la banda de cumbia Armonía 10, quien murió tras un ataque armado contra el vehículo en el que se trasladaba. Este crimen generó indignación en el país y llevó a la mandataria a adelantar que estaba considerando la implementación de la pena de muerte para delincuentes violentos.

"A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador, podrá manchar de sangre a familias trabajadoras", expresó Boluarte durante un discurso en un colegio de Lima. Sin embargo, en Perú, la pena capital solo es aplicable en casos de traición a la patria en tiempos de guerra, según la Constitución, y el país está suscrito al Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe su aplicación.

Crisis de seguridad y cuestionamientos al gobierno

Perú enfrenta un aumento en la criminalidad, con organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión y el sicariato. A pesar de las capturas de bandas criminales anunciadas por las autoridades, la percepción de inseguridad sigue en ascenso.

Boluarte, por su parte, enfrenta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y por la muerte de manifestantes durante la represión de protestas contra su gobierno. Su gestión ha estado marcada por la crisis política y el rechazo popular, y esta nueva medida de seguridad genera debate sobre sus verdaderas intenciones: combatir el crimen o afianzar su control en medio de la inestabilidad.