A la protesta social, un derecho legítimo consagrado por la Constitución Argentina, el Gobierno nacional responde con un aparato represivo montado con el objetivo de perseguir el disenso y aplicar violencia sistemática contra las primeras y principales víctimas de su política de ajuste: las trabajadoras y trabajadores jubilados. Desde Camino a la Victoria Tres Arroyos no solo repudiamos este accionar, sino que además ponemos de manifiesto nuestra preocupación por estas políticas que combinan peligrosamente ajuste y represión, el primero porque no evidencia resultados –ya que el mismo Gobierno que proclama sus pretendidos éxitos económicos es el que acude nuevamente al Fondo Monetario Internacional en busca de un nuevo préstamo- y el segundo porque lisa y llanamente viola el estado de derecho y pone a ciudadanos y ciudadanas argentinas al borde de la muerte. Un escenario terrorífico por el que lamentablemente ya transitamos, incluso con los mismos protagonistas.

A nuestro repudio sumamos el compromiso de acompañar el legítimo reclamo de las víctimas del ajuste: jubiladas y jubilados; niñas, niños y adolescentes a quienes se les han recortado programas de promoción de derechos; personas con discapacidad que ven amenazado el único sustento de una pensión no contributiva; ciudadanos y ciudadanas que día a día son estafados en su buena fe por números mentirosos y discursos rimbombantes, mientras cubrir las necesidades de su familia se convierte en una odisea cotidiana. 

Exigimos, en tanto, el cese de cualquier tipo de operación represiva para quienes se manifiestan amparados en su derecho constitucional; el respeto por la división de poderes propia del estado de derecho y la normalización del funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde un escándalo tras otro están lejos de ser “un juego” como alude su presidente Martín Menem, sino que constituyen un verdadero peligro para la democracia.